Asesora Procuraduría Agraria a Comuneros de Tlaltenango en Conflicto

PA-Tlalt

El conflicto que enfrentan habitantes de la comunidad de Tlaltenango-Tocatic-Cicacalco se debe a problemas en la definición de sus linderos, por lo que el delegado de la Procuraduría Agraria en Zacatecas, Francisco Godoy Cortés, atendió y asesoró a una de las partes, a solicitud del presidente municipal de Tlaltenango de Sánchez Román, Miguel Ángel Varela Pinedo.

 

Los habitantes de dicha comunidad se encuentran en conflicto con pequeños propietarios de Huanusco y Jalpa, lo que en su momento originó procedimientos de carácter penal debido a la ocupación, por parte de los comuneros, de terrenos que pertenecía a pobladores de dichos municipios. Por su parte, la comunidad de Tlaltenango-Tocatic-Cicacalco reclama una franja de 14 mil hectáreas.

 

La indefinición de los linderos impide también el reconocimiento a los comuneros que cuentan con derechos, por lo que el delegado de esta dependencia federal, a solicitud de Marcos Ibarra Infante, coordinador de delegados de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), busca incidir en la pronta resolución de éste y otros conflictos entre ejidatarios y comuneros.

 

El conflicto interfiere también en la pretensión de llevar a cabo la división de la comunidad en tres, a fin de que en lo sucesivo sean consideradas de forma independiente bajo los nombres de Tlaltenango, Tocatic y Cicacalco.

 

Personal de la Procuraduría Agraria, a través del Comité Permanente de Control y Seguimiento (Copecose), ha realizado varias reuniones con los distintos grupos de comuneros, así como con el Comisariado de Bienes Comunales, sin embargo, a pesar de que en octubre pasado venció el periodo de vigencia de este organismo, la asamblea de renovación del mismo sigue pendiente debido a conflictos internos.

 

El delegado de la Procuraduría Agraria en Zacatecas manifestó su disposición a continuar asesorando a los afectados a fin de que este conflicto llegue a un término favorable al tratarse de una de las funciones más importantes de esta instancia, en estricto respeto a la Resolución Presidencial de Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales de 1958.