Ciudadanos Tienen Derecho a Conocer el Tratamiento de sus Datos Personales en su Credencial de Elector

El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), resolvió dos ponencias presentadas por la Comisionada Julieta del Río Venegas, en la primera se instruyó al Instituto Nacional Electoral (INE) para entregar datos completos sobre el servicio que presta a otras entidades para verificar la identidad de las personas a través de la credencia de elector y en la segunda el Hospital General de México Doctor Eduardo Liceaga deberá transparentar información sobre insumos y gastos en atención a pacientes COVID-19.

En el caso del INE, la persona solicitante requirió conocer cuatro contenidos relacionados con el servicio de verificación de datos de la credencial de elector, pero se inconformó por considerar que se le entregó información incompleta, faltaron diagramas de conexión y datos sobre pagos realizados por quienes usan el servicio.  La verificación de datos es un servicio que ofrece el INE a más de 50 instituciones, como bancos, partidos políticos o entidades públicas para comprobar si los datos proporcionados por alguna de estas entidades, corresponde con los asentados en el padrón electoral.

En los alegatos el INE confirmo su respuesta. Al respecto la Comisionada Del Río Venegas aseguró que “después de un análisis determinamos que el agravio resulta parcialmente fundado, porque si bien se entregó la información sobre los importes de pagos, faltaron los diagramas de conexión de cada institución”, al tiempo de considerar que la sociedad mexicana tiene el derecho a saber la forma en la cual el INE lleva a cabo el servicio de verificación de la credencial de elector cuando lo requieren otras entidades como bancos, partidos políticos o instituciones públicas.

Ante este panorama el Pleno del INAI modificó la respuesta del INE y le instruyó a realizar una nueva búsqueda de la información solicitada en las unidades administrativas competentes a fin de localizar y entregar a la persona solicitante, los diagramas de conexión de cada institución y los domicilios a los que van los enlaces de todas las entidades, incluyendo los casos en los cuales las conexiones se hagan a un proveedor en el extranjero o en la “nube” de internet.

Del Río Venegas destacó que el tema toma relevancia ya que en 2020 aumentó el riesgo de ser víctima del delito de suplantación de identidad y de tratamiento indebido o inadecuado de datos personales, pues la contingencia sanitaria detonó la digitalización del sistema financiero, el comercio, los servicios del gobierno y procesos electorales, por lo que es necesaria la colaboración entre instituciones públicas y privadas para prevenir actos en contra de la vida privada de los mexicanos.

En lo que respecta al segundo caso, a través de la Ley General de Transparencia un ciudadano solicitó al Hospital General de México “Doctor Eduardo Liceaga”, información sobre recibos de pago a servidores públicos, material de protección para personal de salud que atiende directamente a pacientes COVID-19 y su costo. El Hospital dio respuesta únicamente al primer punto de la solicitud, por lo que la persona solicitante impugnó alegando la entrega de información incompleta, mientras que la institución pública no realizó manifestación alguna.

“La respuesta emitida por el Hospital General de México transgredió el principio de exhaustividad al que todo acto administrativo debe apegarse, pues omitió proporcionar la respuesta respecto al material de protección mencionado y su costo, aunado a que no consultó la totalidad de unidades administrativas competentes para conocer de lo requerido, por lo que el agravio hecho valer resulta fundado” afirmó del Río Venegas.

El Pleno del INAI instruyó a la entidad pública a realizar una búsqueda exhaustiva de la información que faltó entregar en todas las unidades administrativas competentes y se proporcione a la persona que lo requirió, ante lo cual Del Río Venegas afirmó que ante la pandemia de COVID1-19  una gran cantidad de instituciones públicas en el país han puesto en marcha iniciativas de transparencia proactiva para informar casi en tiempo real a la sociedad sobre la situación que guarda la crisis sanitaria, así como los recursos humanos y materiales implementados.

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