Un grupo de alumnas y alumnos, así como de docentes de la UAZ denunciaron
públicamente un sinnúmero de represalias y violencias que están ocurriendo al interior de la
Máxima Casa de Estudios y, en concreto, en la Unidad Académica de Ciencias Sociales, en
contra de estudiantes y docentes que tuvieron la valentía así como la responsabilidad ética
rechazar y posicionarse contra los actos cometidos por el ex rector de la UAZ, investigado y
declarado culpable conforme a derecho por abuso sexual infantil.
Desde junio de este año, luego de diversas manifestaciones, se hicieron denuncias por
represalias, sin embargo, lejos de recibir respaldo institucional, quienes han alzado la voz
están siendo castigadas y castigados por hacer visible su repudio hacia la violencia infantil.
En ese sentido se hace del conocimiento a toda la sociedad y se pide apoyo porque varios
estudiantes han sido suspendidos de las becas de posgrado SECIHTI, en un proceso
marcado por opacidad, celeridad inusual y arbitrariedad, con el claro propósito de intimidar y
desmovilizar. Entre las personas afectadas se encuentran estudiantes asesorados por
personas cercanas al entorno familiar y académico, incluido el padre, del ex rector
sentenciado, así como por integrantes de un grupo docente que, junto con la próxima
Secretaria General, en un acto profundamente irresponsable y contra la normativa
internacional, nacional y local, se ha dedicado a defender —sin sustento legal, ético ni
moral— la inocencia de quien ha sido declarado culpable conforme a derecho.
Estas represalias no son hechos aislados. Constituyen una grave violencia institucional. A
pesar de que se han interpuesto quejas y denuncias ante instancias internas y externas,
incluida la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), no ha
habido respuesta. Las autoridades universitarias, incluyendo al rector actual Armando
Flores, y al rector electo Ángel Román, tienen conocimiento pleno de esta situación y han
decidido guardar silencio, siendo así cómplices de la revictimización.
La situación se vuelve aún más alarmante debido al alto impacto humano y social que
representan estas acciones. Para muchas personas estudiantes, estas becas significan
primordialmente la permanencia y continuidad de su formación académica. Al cancelar
estos apoyos, las autoridades universitarias actúan sin la menor empatía, guiadas por
intereses personales y con un claro afán de demostrar poder, sin detenerse a pensar en que
están afectando directamente vidas reales. Estas decisiones no solo tienen consecuencias
académicas, sino también graves implicaciones en la salud, estabilidad emocional y
condiciones materiales de quienes hoy se ven perseguidos por haber exigido justicia y
ejercido su derecho a manifestarse.
Las personas afectadas han recurrido ya al Grupo de Acompañamiento de la UAZ y a
instancias nacionales, ante la falta absoluta de respuestas institucionales y el clima de
hostigamiento que persiste.
Pidieron, además, a los medios de comunicación, a visibilizar estas injusticias, pues el
silencio solo beneficia a los agresores y perpetúa la impunidad. Debido a que Ángel Román,
próximo rector, pretende designar como Secretaria General, a una docente que lleva a cabo
acciones orquestadas para hacer creer a la sociedad que el abusador sexual confeso es
inocente y, con ello, ha promovido una cultura de silenciamiento de las infancias víctimas.
Con sus acciones a favor de Ibarra Reyes, se intenta fortalecer la idea de que las denuncias
por abuso sexual no son reales y, por lo tanto, alientan irresponsablemente a que se sigan
cometiendo una de las violencias más graves en nuestro país y que nos tienen colocados
en el número uno en violencia sexual y pornografía infantil.
Por ello, a las y los docentes comprometidos con la ética y la justicia, se les pide no guardar
silencio ante estas violencias y a exigir, desde sus espacios, garantías reales para la
libertad de expresión y la protección de los derechos humanos al interior de la UAZ.
Comentaron que les resulta profundamente indignante y difícil de creer que este tipo de
violencias, represalias y complicidades se están presentando precisamente en un programa
académico que, en el discurso, tiene como objetivo formar a futuras y futuros profesionales
comprometidos con la defensa de los derechos humanos y la justicia social. ¿Cómo es
posible que en un espacio que debería ser ejemplo de ética, pensamiento crítico y
compromiso con las causas sociales, se esté normalizando el silenciamiento, la persecución
y la impunidad? Esta contradicción no solo es alarmante, sino que pone en entredicho la
legitimidad y coherencia de una institución y la unidad académica que predica valores que,
en los hechos, no está dispuesta a sostener.
Hoy, Zacatecas necesita escuchar estas voces. Las infancias víctimas necesitan justicia, no
pactos de poder. Las y los estudiantes necesitan respaldo, no represalias. Y la sociedad
merece conocer que, en pleno 2025, una universidad pública, que se hace llamar “LA
MÁXIMA CASA DE ESTUDIOS” sigue castigando a quienes denuncian la violencia sexual
mientras protege a los agresores.
De la misma manera, docentes feministas de la UAZ han declarado que “Nos encontramos
frente a una institución que protege a agresores y castiga a quienes denuncian. Hoy más
que nunca, necesitamos que la solidaridad se convierta en acción y que la justicia no sea
solo un discurso, sino una realidad tangible en nuestra universidad”.
Las y los estudiantes exigieron el cese inmediato de todas las represalias contra el
estudiantado de la Unidad Académica de Ciencias Sociales en donde las violencias se han
exacerbado debido a que la mayoría de docentes son familiares, amigos y aliados de Ruben
Ibarra Reyes.
Exigiendo también, la reinstalación de las becas canceladas de manera injustificada. La
Investigación imparcial de los hechos denunciados. Que se garantice el derecho a la
libertad de expresión y protesta al interior de la UAZ y que se impida el cargo a cargos
publicos universitarios a personas que promuevan y sean cómplices de los casos de
violencia y abuso sexual.
Por todo lo anterior, se hace un llamado urgente a la sociedad civil, organizaciones
feministas, de derechos humanos y medios de comunicación a que se sumen en solidaridad
activa y visibilicen lo que está ocurriendo en la UAZ. No podemos permitir que el silencio se
convierta en cómplice.
Atte.
¡Solidaridad con las y los estudiantes y docentes que luchan por una UAZ libre de violencia!
