Al cierre del año, el proceso de desaparición de los institutos locales de transparencia en México deja más dudas que certezas. Tras la extinción del INAI y la entrada en vigor de la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las entidades federativas estaban obligadas a armonizar su marco jurídico y a crear órganos desconcentrados y nuevas autoridades garantes que asumieran plenamente las funciones de transparencia y acceso a la información.
Sin embargo, esta transición no se ha cumplido dentro de los plazos establecidos. En la práctica, la falta de órganos sustitutos ha generado un vacío institucional que afecta directamente a la ciudadanía. “No se puede hablar de una reforma exitosa cuando en muchos estados no existe hoy una autoridad ante la cual las personas puedan impugnar una respuesta incompleta o negativa a una solicitud de información”, advirtió Julieta del Río Venegas.
Mientras los congresos locales avanzan de manera desigual en dictámenes, reformas constitucionales y leyes secundarias, en varios estados los institutos siguen sesionando de forma transitoria, otros ya suspendieron plazos y algunos más cerraron definitivamente, sin que el nuevo modelo esté completamente operativo. Esta situación ha provocado una parálisis real de los recursos de inconformidad, dejando en pausa uno de los mecanismos más importantes para la defensa del derecho de acceso a la información.
Del Río Venegas subrayó que, en tanto no se instalen los órganos desconcentrados previstos en la Ley General, las contralorías estatales únicamente están atendiendo temas de datos personales y la operación técnica de la Plataforma Nacional de Transparencia. “Eso no sustituye la función garante que antes ejercían los institutos. Hoy hay ciudadanos que no saben a dónde acudir cuando una autoridad les niega información”, señaló.
Actualmente, entidades como Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, Oaxaca, San Luis Potosí, Nuevo León, Hidalgo, Querétaro, Guerrero, Nayarit y Sinaloa, por ejemplo, continúan sesionando bajo distintos esquemas, algunos ya con dictámenes de extinción aprobados y otros en espera de reformas. En el caso de Chihuahua, no existe aún una reforma y su presupuesto para el próximo año fue autorizado en su totalidad para continuar operando. En contraste, estados como Coahuila, Puebla, Sonora, Yucatán, Tlaxcala, Baja California, Tamaulipas, Veracruz y Tabasco han puesto en marcha órganos desconcentrados, aunque con modelos que no siempre son homogéneos ni plenamente definidos.
A la fecha, diversas entidades federativas ya cerraron formalmente sus institutos de transparencia, como Aguascalientes, Zacatecas, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Puebla, Tlaxcala, Michoacán, Jalisco, Quintana Roo, Coahuila, Sonora, Colima, Baja California y Yucatán; en el caso de Durango, apenas la semana pasada se suspendieron plazos, y en Baja California Sur el Congreso aprobó la desaparición de su instituto para el 31 de diciembre de 2025.
“Extinguir institutos sin tener listas las nuevas autoridades garantes no es solo un problema administrativo; es un retroceso en la protección de derechos”, afirmó Del Río Venegas. Añadió que el verdadero reto de esta reforma no es desaparecer organismos, sino asegurar que la transparencia siga siendo exigible, accesible y efectiva en todo el país.
Finalmente, recordó que, aunque recientemente se aprobaron nuevos lineamientos técnicos de la Plataforma Nacional de Transparencia, estos cambios son principalmente de forma. “La plataforma no puede operar en el vacío. La carga trimestral y semestral de información no puede detenerse por parte de las autoridades”.
“El vacío institucional no puede normalizarse. Urge que los estados cumplan la ley, pongan en marcha los órganos desconcentrados y garanticen la atención de las funciones que hoy están paralizadas. La falta de acción debilita la transparencia y deja derechos en suspenso. Las autoridades garantes, incluido el INE, deben operar plenamente, sin excusas ni dilaciones”, concluyó.
