Carlos Puente Salas, del Partido Verde aseguró que la Ley General en materia de Delitos Electorales brindará certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad en los procesos electorales.
El también Secretario de la Comisión de Gobernación afirmó que el dictamen que contiene dicha Ley es producto del trabajo intenso, pero respetuoso, de los grupos parlamentarios representados en el Senado.
Reconoció la conducción de las Mesas Directivas y de los integrantes de las comisiones dictaminadoras, pues “gracias a su labor se llegó a un dictamen de consenso, que fortalecerá el sistema electoral mexicano”.
Comentó que el dictamen contiene cuatro ejes principales que son: 1) establece los delitos electorales que serán aplicables en toda la nación; 2) estipula mecanismos de coordinación entre los tres órdenes de gobierno para investigar, perseguir, y sancionar los delitos electorales; 3) el Ministerio Público, en todos los casos, procederá de oficio con el inicio de la investigación por la comisión de delitos electorales, y 4) actualiza los tipos penales en materia electoral y establece sanciones de tipo administrativas y de tipo penal, incluyendo la inhabilitación de los servidores públicos por un periodo de 2 a 6 años, o en su caso, la destitución del cargo.
Puente Salas aseveró que el dictamen tutela varios bienes jurídicos como el derecho al voto libre y secreto, la equidad en la contienda electoral, y el ejercicio legal de la función electoral.
Para evitar y combatir conductas que afecten el voto, se instaura prisión de seis meses a 3 años, y una multa de 50 a 100 días de salario mínimo, a la persona que obstaculice o interfiera en el desarrollo de la jornada electoral; compre o coaccione el voto; introduzca o sustraiga de las urnas ilícitamente boletas electorales; amenace con suspender los beneficios de los programas sociales, o intimide al electorado, entre otros comportamientos, abundó.
“En cuanto al aseguramiento de la equidad, la pena será de 2 a 9 años de prisión y multa de 200 a 400 días de multa, al servidor público que: amenace a sus subordinados para participar en eventos de campaña o precampaña; haga uso ilegal de recursos públicos; o condicione la prestación de un servicio público a cambio del voto, y si se trata de un programa social, la pena aumentará hasta en un tercio; entre otros supuestos”, comentó.
Para preservar la correcta función electoral –dijo- se establece prisión de 2 de 6 años, y 100 a 200 días de multa, al funcionario electoral que: haga uso ilícito de documentos relativos al Registro Federal de Electores, al Padrón Electoral o a la Lista de Electores; no cumpla con sus obligaciones, y por ende, afecte el proceso electoral; altere los resultados electorales o coaccione el voto, entre otros supuestos.
Finalmente, el legislador federal expresó que con el nuevo marco jurídico se respetan plenamente los derechos políticos electorales de las y los mexicanos.
