La LXV Legislatura del Estado aprobó este jueves un paquete de reformas históricas al Código Penal para el Estado de Zacatecas y a la Constitución estatal, orientadas a enfrentar con seriedad las nuevas violencias que se cometen mediante tecnologías emergentes, inteligencia artificial (IA), plataformas digitales y sistemas informáticos, así como al reconocimiento constitucional de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
La diputada Renata Ávila Valadez, promotora central de las reformas e impulsora de dos de las iniciativas integradas en el primer dictamen, destacó que el Congreso dio “un paso urgente y necesario para proteger la dignidad, la intimidad y la seguridad de niñas, adolescentes, mujeres y de toda la sociedad zacatecana, en un entorno donde las agresiones ya no solo ocurren en el espacio físico, sino también en pantallas y dispositivos”.
El dictamen presentado por la Comisión de Justicia, presidida por el diputado Martín Álvarez Casio, incorpora y armoniza diversas iniciativas, presentadas por Ávila Valadez, así como por la diputada Isadora Santivañez y por el diputado Jesús Padilla.
Dichas iniciativas, están relacionadas con violencia digital y uso indebido de IA al adicionar para reconocer y sancionar la manipulación, producción, difusión o alteración de imágenes, audios o videos, reales o generados por IA, con fines de daño, humillación o violencia política.
Durante su intervención a favor del dictamen, Ávila Valadez señaló que Zacatecas “ya vivió las consecuencias de no contar con herramientas legales completas”, en referencia a recientes casos donde se vulneró la intimidad de adolescentes mediante contenido manipulado digitalmente.
Celebró que el dictamen reconoce expresamente que esta forma de violencia también puede cometerse mediante inteligencia artificial y tecnologías emergentes, cerrando vacíos legales que permitían la impunidad y ampliando las vías para la sanción penal.
La diputada Renata Ávila afirmó que estas reformas son indispensables para garantizar la democracia paritaria y la participación de las mujeres sin violencia, sin campañas de desprestigio y sin manipulación digital de su imagen.
Dentro de los puntos más relevantes de la iniciativa se incorpora un artículo 58 quáter, que aumenta hasta en un quinto las penas cuando cualquier delito previsto en el Código Penal se realice mediante IA o tecnologías emergentes.
Esta figura permite que el marco jurídico se mantenga vigente frente a avances tecnológicos que aún no han sido documentados de manera formal, pero que ya afectan a la población.
Asimismo, se amplían las formas de comisión, incluyendo la manipulación de imágenes, audios o videos para generar hechos falsos con apariencia real, prácticas que ya se presentan en el país y que han generado graves afectaciones emocionales, sociales y patrimoniales.
Se incorporan también sanciones más severas a la violencia política contra las mujeres en razón de género, al reconocer que esta violencia también puede cometerse mediante inteligencia artificial y se refuerzan los tipos penales para proteger el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres.
En referencia al delito de discriminación se amplían las formas en que se puede cometer el delito, al incluir también los discursos de odio promovidos por vías digitales y cibernéticas y con uso de inteligencia artificial.
La legisladora subrayó que esta actualización normativa armoniza capítulos completos del Código Penal, incorpora agravantes y definiciones claras, fortalece las capacidades de investigación y sanción del Estado, cumple con obligaciones constitucionales e internacionales bajo el principio de debida diligencia reforzada y responde a problemáticas reales que afectan de manera desproporcionada a mujeres, niñas, niños y adolescentes.
“Legislar también es cuidar”, afirmó Ávila Valadez al expresar que estas reformas envían un mensaje claro a quienes utilizan la tecnología para agredir: la impunidad ya no será la norma.
En otro momento de la sesión la LXV Legislatura aprobó también una reforma a la Constitución Política del Estado de Zacatecas, fortaleciendo el Artículo 25, para garantizar una protección integral de niñas, niños y adolescentes frente a cualquier forma de violencia, reforma impulsada desde el Partido del Trabajo.
La reforma establece de manera expresa que en todas las decisiones y actuaciones de las autoridades estatales y municipales deberá prevalecer el principio del interés superior de la niñez, obligando a que dicho principio guíe el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a este sector de la población.
Asimismo, se refuerza el reconocimiento de derechos específicos de niñas y niños zacatecanos, entre los que destacan: la atención especial cuando se encuentren en conflicto con la ley, el derecho al libre desarrollo de la personalidad y, de manera explícita, el derecho a vivir libres de violencia, consolidando una base constitucional que obliga al Estado a prevenir, atender y sancionar cualquier forma de agresión que atente contra su dignidad, integridad y desarrollo integral.
“Con estas reformas, el Congreso del Estado avanza hacia un marco jurídico más robusto que coloca a la niñez y adolescencia en el centro de la acción pública, reconociendo que su protección no es opcional, sino una obligación constitucional y un deber ético del Estado”, celebró Ávila Valadez.
