Hay decisiones de gobierno cuyos efectos terminan pasando una factura muy alta al desarrollo del país. La política minera de este gobierno es una de ellas.
Mientras el Gobierno Federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, presume estabilidad económica y mayores ingresos públicos, una de las industrias estratégicas de México enfrenta un entorno de incertidumbre que frena inversiones, limita la exploración y compromete miles de empleos.
La minería ha sido históricamente un motor de desarrollo regional. En estados como el mío Zacatecas y en Sonora, Chihuahua, Durango y Guerrero, esta actividad genera empleo formal, impulsa las economías locales y abre oportunidades para miles de familias. Sin embargo, esa realidad parece no estar entre las prioridades de Morena.
Desde la reforma a la Ley Minera, en 2023, el otorgamiento de nuevas concesiones prácticamente se detuvo. Sin exploración no hay nuevos yacimientos, proyectos de inversión, crecimiento ni generación de empleos. Los resultados ya son evidentes. La Cámara Minera de México (Camimex) denuncia que alrededor de 11 mil millones de dólares en inversiones permanecen detenidos por la falta de concesiones y de certeza jurídica. En 2025, la inversión minera cayó 3.3 %, al pasar de 5.6 a 4.9 mil millones de dólares, mientras que el PIB minero-metalúrgico retrocedió 3.2 %.
Paradójicamente, el Gobierno Federal sí ha encontrado en la minería una fuente creciente de ingresos. En 2025 recaudó más de 78 mil millones de pesos por concepto de derechos e impuestos, un incremento de 72.3 % respecto al año anterior. ¡Qué contradicción! Se recauda más de una industria que se ha dejado en el abandono y se le niegan las condiciones para crecer. Este aumento obedece al alza en los precios internacionales de los metales y a una mayor carga tributaria, no a políticas públicas que fortalezcan al sector.
Hoy existen empresas mineras dispuestas a invertir hasta 14 mil millones de dólares en México. Sin embargo, mientras persistan la incertidumbre jurídica y la falta de concesiones, ese capital seguirá buscando otros destinos. Desde que asumí la responsabilidad de ser representante popular de Zacatecas, un estado eminentemente minero, he alzado la voz en la cámara de diputados en defensa del sector: primero, para exigir que no desaparezca el Fondo Minero, que destinaba recursos a los ayuntamientos y a las entidades para realizar obras de beneficio social.
Y también he levantado la voz para demandar que se escuchara al sector, a fin de que sus demandas y necesidades se incorporaran en la legislación minera. Evidentemente esto no ocurrió y ya lo vemos con los lamentables resultados que hoy padecemos, debido a que las decisiones se toman con base en fobias y filias.
Desde Acción Nacional seguiremos respaldando a la industria minera -y a todos los sectores que generen desarrollo-, porque fortalecer este sector significa impulsar el empleo, dinamizar las economías regionales y generar oportunidades para miles de familias.
