El propósito de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública (CEAIP) no es imponer multas, sino velar porque se cumpla con la garantía constitucional de los ciudadanos del derecho a la información. Los municipios son los “focos rojos” en el desacato a la Ley en la materia.
Así lo expuso la comisionada Raquel Velasco Macías, luego de que el comisionado José Antonio de la Torre Dueñas dio comienzo al taller de capacitación para servidores públicos de la Presidencia Municipal de Zacatecas.
Al encuentro asistió en representación del alcalde Carlos Peña Badillo, el secretario general del Ayuntamiento, Alfredo Salazar de Santiago, así como los altos mandos de las diversas áreas del Ayuntamiento.
Velasco precisó que ya no es momento de discutir si debe o no debe haber transparencia, “no hay para dónde hacerse, es un derecho que debe respetarse”, precisó a la vez que observó que las resoluciones de la CEAIP son inatacables, es decir, no hay recursos de apelación.
Más de 50 funcionarios asistieron a este primer acercamiento entre ambas instancias, ejercicio sobre las disposiciones vigentes de la LTAIPEZ que ya se realizó en 11 alcaldías con la participación de los comisionados, incluido el presidente Jaime Cervantes Durán, y personal de la CEAIP.
Las presidencias municipales que pidieron el taller a la CEAIP y ya lo recibieron son Guadalupe, Trancoso, Jerez, Fresnillo, Tlaltenango, Pánfilo Natera, Atolinga, Nochistlán y Zacatecas, en tanto esta semana lo recibirán Cañitas y Valparaíso, conforme a la agenda dada a conocer por los comisionadosienes también tiene previsto para el 25, 26 y 28 de este mes a Monte Escobedo, Calera y Ciudad Cuauhtémoc.
La sociedad tiene todo el derecho a saber. El dueño del dinero es el dueño de la información, o sea los ciudadanos. En la medida en que un gobierno transparente lo que hace, cómo se gasta el recurso, en esa medida el gobierno se fortalece, no es que se acote su poder, dijo Velasco en la parte introductoria dirigida a los funcionarios del municipio capitalino.
La CEAIP pugna por garantizar que se proporcione la información pública y propiciar la existencia de un verdadero canal de comunicación entre ciudadanos y autoridades para que haya un auténtico diálogo crítico, puntualizó la comisionada.
De la Torre Dueñas, señaló a los servidores públicos participantes que es de suma importancia que conozcan las disposiciones sobre el derecho ciudadano consagrado en el artículo sexto de la Constitución cuyo cumplimiento fortalece la democracia.
Ambos comisionados pusieron de relieve que es a invitación de las nuevas autoridades municipales para el periodo 2013-2016, que se ha impartido capacitación en las presidencias municipales, lo cual habla del interés y compromiso para cumplir con los ordenamientos en la materia y es un avance en la entidad.
Luego de dar un repaso histórico sobre la legislación, Velasco Macías destacó que el Internet llegó a la Constitución, pues la información debe publicarse en los medios electrónicos disponibles y actualizarse periódicamente, precisó.
Con la Ley de Transparencia cambia el quehacer interno de las instituciones, la forma de gobernar y la información que poseen los gobernantes, que a veces la consideran un bien propio, es un bien público, remarcó.
Los sujetos obligados deben ser facilitadores de la información, de tal manera que sus archivos deben de estar sistematizados, comprensibles, completos, para que los ciudadanos entiendan la información, porque a veces, tal parece, que se trata de información para especialistas. Esta no se hace para el superior jerárquico, sino para la sociedad, indicó.
Los gobiernos tienen que diseñar políticas públicas, cambiar hábitos, implementar medidas para que la transparencia informativa fluya.
Para la CEAIP su función fundamental es que se cumpla la ley, capacitar y difundir la cultura de la transparencia, tanto con los sujetos obligados como con los ciudadanos, por lo que apremia, requiere, para que rindan los informes y acaten las disposiciones que emanan del pleno de la Comisión.
La CEAIP tiene la facultad de sancionar a los sujetos obligados que no cumplan con lo que les manda la ley. Va desde apercibimientos privados, públicos y multas que oscilan entre 10 y 700 cuotas de salario mínimo, que pueden verse multiplicadas por reincidencia. Las multas las pagan quienes cometen la falta con su propio dinero.
Las multas se pueden imponer a los alcaldes, pero si se deslindan responsabilidades pueden recaer en el titular de la Unidad de Enlace o en el funcionario que no proporcionó la información, sin menoscabo de la garantía de audiencia.
