Al presentar una iniciativa de ley para modificar la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, el Senador de la República, David Monreal Ávila señaló que el combate a la corrupción se ha convertido en una de las principales exigencias en la agenda pública de las naciones que se consideran democráticas.
Explicó que derivado de diversas conductas, actividades y situaciones negativas, México tuvo que hacer lo propio respecto a los temas de la transparencia y la rendición de cuentas; lamentablemente, no con el fin de hacer de México un país más democrático, sino por la alerta de atender los altos índices de corrupción y el mal uso de cargos públicos para lucrar personalmente.
A pesar de los avances obtenidos en materia de transparencia y rendición de cuentas gubernamental, persisten escándalos sobre el abuso de los recursos públicos y el tráfico de influencias.
La problemática actual, dijo el senador, ya no versa tanto sobre la transparencia de la información, en virtud de que se está haciendo pública y con acceso a todos los ciudadanos, sin embargo, la rendición de cuentas es un principio que ha quedado olvidado, ya que las instituciones no tienen la capacidad de hacer responsables a los gobernantes de sus actos y decisiones.
Los avances en materia de transparencia, fiscalización y responsabilidad de servidores públicos han podido registrarse al paso de los años, sin embargo, se podría asegurar que actualmente el país no cuenta con un sistema armónico e integrado de rendición de cuentas que sea plenamente útil y funcional para transparentar la actuación gubernamental, evaluar sus acciones y, en su caso, sancionar las conductas deshonestas o ilegales de los servidores públicos, puntualizó.
Desafortunadamente distintos tipos de corrupción han salido a la luz pública exhibiendo que pese a que el país tiene una amplia legislación, ésta resulta muy ambigua o simplemente no regula temas de interés general.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) define al conflicto de interés como “un conflicto entre las obligaciones públicas y los intereses privados de un servidor público, cuando estos intereses pueden tener la capacidad para influir impropiamente en el desempeño de sus actividades comosituación en la que las pretensiones personales del funcionario público puedan afectar una decisión a su cargo”.
Entonces, en México sin duda, diversas ocasiones se han dado el fenómeno del conflicto de intereses. Por citar un ejemplo, en el año 2014, en el marco de la discusión y la aprobación de las leyes secundarias de la reforma de telecomunicaciones, diversos legisladores y la propia sociedad se pronunciaron a favor de que algunos legisladores se excusaran de participar en el debate sobre leyes secundarias de telecomunicaciones. Lo anterior, bajo la justificación de que estos pudieran tener algún tipo de intereses particulares en la materia.
Monreal Ávila sostuvo que según el Gobierno Federal, la reforma de telecomunicaciones tenía como objetivo debilitar a los monopolios de la industria y fomentar la competencia, empero, en el Congreso de la Unión, existía un grupo de legisladores que podrían tener intereses opuestos a los objetivos de la reforma.
Lo anterior, mostró un mal más de los aquejan al país; los servidores públicos, en este caso, los legisladores, no representaron los intereses de la ciudadanía sino los personales o particulares. Si bien, en el Congreso de la Unión se encuentran representados varios sectores de la sociedad como lo son los campesinos, petroleros, maestros, entre otros, debe existir una diferencia, entre representar a un sector poblacional y a las empresas privadas.
De esta manera, la corrupción en el Congreso de la Unión se presenta también cuando éste se ve influido por el «poder del dinero». En la actualidad existen expresiones como «captura» o «colonización del Estado», las cuales hacen referencia a la «compra» de leyes o decretos, es decir, de decisiones fundamentales, lo que origina que los representantes populares dejen de actuar como funcionarios al servicio del bienestar general para volverse en empleados de ciertos sectores de interés que compran su voluntad.
En México la regulación del conflicto de interés es nueva, y como se puede notar, llega tarde, pues muchos abusos de poder ya se llevaron a cabo, existen múltiples casos de corrupción, lavado de dinero y nepotismo derivado de los conflictos de interés, sin embargo, la legislación es muy ambigua por lo que es resulta urgente legislar en materia de conflicto de interés.
En este orden de ideas, y en atención a las solicitudes hechas por diversas asociaciones civiles y a la ciudadanía en general, la presente iniciativa tiene como objetivo principal regular de forma más clara y precisa en la legislación mexicana, el fenómeno social conocido como “conflicto de interés”.
Lamentablemente, en México la Administración Pública es lo que más le cuesta a los ciudadanos, crear órganos y hacer más grande el sector administrativo público, muestra una cosa, que el país no tiene una legislación con visión de prevención, simplemente se regula la vigilancia y el castigo.
Sí la legislación mexicana estableciera expresamente, que los servidores públicos tuvieran que hacer una declaración de conflicto de interés, México transitaría a una verdadera cultura de transparencia y rendición de cuentas. Con esta declaración, el ente sancionador de carácter administrativo en contra de los servidores públicos, podrá hacer hincapié en los temas que posiblemente pudiera crearse un conflicto de interés, orillando al servidor público a abstenerse de intervenir o participar en situaciones en las cuales pudiese conseguir algún beneficio propio.
Por ello, se propone modificar la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos en virtud de que, los postulantes a un cargo público deban presentar una declaración de intereses en la cual, se especifiquen las actividades profesionales y económicas en las que participe o haya participado.
Asimismo, se propone que ante la existencia de un posible conflicto de interés, y en orden a la prevención del mismo, el servidor público tenga la obligación de excusarse de intervenir en alguna actividad que genere tal conflicto, pero además se propone que si el funcionario público se encuentra desempeñando actividades que pudieran colocarlo en una situación de conflicto de intereses, deberá renunciar a tales actividades; esto con el objetivo para que en el futuro, no deba excusarse constantemente, por el contrario, terminar con un vínculo que notablemente sólo beneficiará al servidor público.
Por último, también se plantea aumentar el tiempo que la Ley en mención prevé respecto a que los servidores públicos soliciten, acepten, o reciban por sí o por interpósita persona, dinero, bienes muebles o inmuebles que procedan de cualquier persona física o moral cuyas actividades profesionales, comerciales o industriales se encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor público de que se trate en el desempeño de su empleo, cargo o comisión y que implique intereses en conflicto.
Finalmente no podemos negar que diversos mexicanos que han ejercido funciones en la iniciativa privada, y en consecuencia, pueden ser muy útiles para la administración pública federal o sí así lo deseara la ciudadanía, para ocupar un cargo de elección popular. Sin embargo, lo que es inaceptable es que al ser un funcionario público, interpongas sus intereses particulares antes que los de toda una nación.
