David Monreal Ávila, senador de la República, presentó una iniciativa de ley para evitar que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) siga resolviendo -de forma definitiva e inatacable- las controversias laborales entre el Poder Judicial de la Federación y sus trabajadores, pues éstas, la mayoría de las veces resultan en perjuicio de la clase trabajadora.
Lo anterior, explicó, en atención al problema real de violación a los derechos humanos de los trabajadores del Poder Judicial, quienes no tienen acceso a la justicia y tutela jurisdiccional, pues dicho consejo es un órgano administrativo (no jurisdiccional) del mismo poder, es decir, el mismo patrón es quien resuelve, de forma inatacable, las demandas de sus trabajadores, al cobijo de la propia constitución.
Ejemplificó al decir que este mismo año, la trabajadora Julieta Jiménez Gutiérrez promovió un juicio de amparo directo contra la resolución del Consejo de la Judicatura Federal que le negó el pago de horas extras. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), confirmó la sentencia y sobreseyó el juicio por 5 votos contra 3.
Los argumentos esgrimidos por los magistrados que se negaron a conocer el fondo del juicio, fueron de carácter retrógrada; Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, uno de los ministros, incluso dijo que los preceptos constitucionales que excluyen discriminan a los trabajadores del Poder Judicial no pueden estar a interpretación alguna.
Resulta evidente que los tres magistrados que quisieron atender este problema tienen un pensamiento mucho más acorde a la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 2011, y atendieron el principio pro persona (artículo primero de la Constitución), que establece que la interpretación de la ley debe procurar la mayor protección a las personas
La propia Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Convención Internacional de Derechos Humanos (CIDH) y la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), consideran que la igualdad ante la ley y la no discriminación pertenecen al derecho internacional que no admite normas en contrario.
Resulta evidente, aseveró el legislador, que los trabajadores del Poder Judicial de Federación se encuentran en una situación de vulnerabilidad que los magistrados no han podido subsanar, y que es responsabilidad del Poder Legislativo reformar la constitución para crear un Tribunal Jurisdiccional de Arbitraje Descentralizado para que conozca de los conflictos laborales, cuya estructura contemple a un integrante designado por el sindicato de trabajadores.
Finalmente, el senador sostuvo que atender al principio de Igualdad y erradicar la discriminación respecto del acceso a la justicia de todos los mexicanos, es la obligación del Poder legislativo, y por ello, esta reforma constitucional refleja una auténtica preocupación por los derechos de la clase trabajadora.
