Dado el rezago en que quedaron las energías renovables en la pasada reforma energética, David Monreal Ávila, senador de la República, presentó una iniciativa para que la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, conceda beneficios fiscales a las personas y las empresas que utilicen dichas energías, con el fin de fomentarlas.
La reforma energética, dijo, era una oportunidad para generar en el país el desarrollo sustentable que tanto hace falta, en cambio, la reforma en mención se concentra en las energías fósiles, en especial los hidrocarburos, cuando es urgente posicionar a las energías renovables en México como prioridad.
Afirmó que la importancia de las energías renovables radica en que se basan en los flujos y ciclos implícitos en la naturaleza; procedentes de fuentes como el sol, aire, agua, la biomasa, entre otros, y son fuentes naturales de energía inagotable.
“El país cuenta con potencial de generación energética renovable de más de 200 mil megavatios a través de las energías limpias, sin embargo, se aprovecha menos del 7% de todo ese potencial”, lamentó.
Sostuvo que, a pesar de que en 2008 se expidió la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, al concluir el mandato presidencial se dejaron pendientes los reglamentos de ciertos artículos.
También puntualizó que para el Estado la prioridad es hacer negocio con las energías no renovables, cuando datos exhiben que México necesita acciones inteligentes sobre cambio climático y la aplicación de energías limpias.
Citó cifras que remarcan la urgencia de fomentar el uso energías alternativas al petróleo: México emitió 781 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente y, para 2030, de seguir en la senda actual, se llegaría a los mil 110, de los cuales, el 92% provienen de la quema de hidrocarburos.
Esta iniciativa pondría a la legislación mexicana a la altura de otras como la española, en la que se establece que los ciudadanos, por medio de sus hogares o empresas, sean beneficiados con una deducción fiscal cuando inviertan en instalaciones destinadas a reducir la contaminación del aire, del agua y a favorecer la reducción, recuperación y tratamiento de residuos industriales.
