Ciudad de México. – Con el objetivo de mejorar las condiciones de las mujeres que son madres y por alguna razón se encuentran recluidas en un centro de readaptación social y las de sus hijos, la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre propuso modificaciones a la Ley Nacional de Ejecución Penal y a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Mediante una iniciativa presentada al Senado de la República, la coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo destacó que tanto las madres recluidas como sus hijos menores merecen mejores políticas públicas que garanticen el desarrollo integral de los infantes.
“Como legisladores, es necesario visibilizar las condiciones de las mujeres en reclusión en México y en específico, de aquellas que son madres. Debemos hacer nuestro mayor esfuerzo para establecer condiciones que hagan efectivo el interés superior de las niñas, niños y adolescentes. Esto a través de la inclusión de herramientas de políticas públicas que ayuden a preservar la unidad familiar para las mujeres privadas de su libertad que son madres”, mencionó.
Para ello, la legisladora por Zacatecas propuso modificar el Artículo 10 de la Ley Nacional de Ejecución Penal a fin de establecer que las mujeres privadas de su libertad cumplan su sentencia en centros penitenciarios cercanos a su lugar de origen.
Y reformar los artículos 5 y 36 para que en el caso de mujeres en reclusión que se encuentren embarazadas o que tengan a su cargo personas menores de edad, puedan acceder al beneficio de preliberación y sanciones no privativas de la libertad donde se fomente la reinserción social con trabajo en sus comunidades.
“Además, privilegiar el principio de unidad familiar excepto en los casos de violencia familiar, cuando ella sea la generadora o exista peligro grave para el normal desarrollo de los hijos”, explicó la legisladora.
Asimismo, Geovanna Bañuelos propone modificar la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, para establecer mejores condiciones para la convivencia de los niños con sus familias, en los casos en que sus padres estén privados de su libertad en un centro de readaptación social.
En primer término, se busca armonizar el artículo 23 con la Ley Nacional de Ejecución Penal al señalar expresamente que los niños tienen derecho a convivir con su madre en el Centro Penitenciario hasta que cumpla los tres años. Para lo cual, la autoridad penitenciaria velará en todo momento por el cumplimiento del interés superior de la niñez.
De igual forma, se pretende garantizar las condiciones óptimas para la convivencia de menores con sus madres, mediante la inclusión expresa del derecho a vivir y convivir en espacios libres de violencia para niñas y niños dentro de los centros penitenciarios.
También propone el desarrollo de espacios de cuidado como bebetecas, entendido como el servicio de atención especial para la pequeña infancia; así como espacios de juego o ludotecas y centros de convivencia familiar al interior de los centros de reinserción, para aquellas niñas, niños y adolescentes que visiten a sus padres.
El estudio Diagnóstico de Maternidad y Paternidad en Prisión realizado por Reinserta A.C. en el año 2019, muestra que existen muy pocos centros penitenciarios femeninos. Por lo que una mujer sentenciada tiene dos opciones: ir a una cárcel mixta o a una cárcel exclusiva de mujeres, que, en la mayoría de los casos está muy lejos de sus comunidades, dificultando el ejercicio de su derecho a la maternidad y afectando los derechos de sus hijos, expone Geovanna Bañuelos.
“De acuerdo con datos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, existen 360 centros penitenciarios en el país. Pero la triste realidad es que solo algunos de ellos cuentan con servicios especializados como áreas de maternidad y espacios para la educación temprana de las y los niños”.
En el año 2019 en todo el país solo se contaba con un registro de 11 áreas de maternidad ubicadas solamente en diez entidades federativas y 27 espacios de educación temprana para las y los hijos de mujeres privadas de la libertad.
La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos Segunda, con opinión de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.
