Con el fin de cerrar las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres respecto a la tenencia de la tierra, el acceso a créditos y suministros agrícolas; al acceso a la educación, salud, y el acceso y permanencia en puestos laborales, Geovanna Bañuelos, solicita a diversas autoridades generar políticas públicas para el sector femenino.
En el marco del Día Internacional de la Mujer Rural, este 15 de octubre, la coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) llama a la Secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural; de Trabajo y Previsión Social; de Salud, y de Educación Pública, así como al Instituto Nacional de las Mujeres para que, en el ámbito de sus competencias, generen políticas públicas en materia de salud, educación, economía y trabajo para las mujeres rurales.
Geovanna Bañuelos, señaló que sólo por el hecho de ser mujer se enfrentan a situaciones de violencia, abusos y un trato desigual frente a los hombres, situación que se da en todos los ámbitos de la vida: en la escuela, en el trabajo y en el hogar.
Pero resaltó que en el caso de las mujeres rurales esta desigualdad se intensifica más. “Ser mujer rural en el siglo XXI implica enfrentar una serie de retos y desafíos. Las mujeres rurales a menudo enfrentan dificultades para acceder a servicios básicos como atención médica, educación y oportunidades de empleo debido a la distancia, la falta de infraestructura adecuada, por la discriminación, la violencia de género y acceso limitado a servicios de salud sexual y reproductiva”.
Geovanna Bañuelos informó que el 43% de la población mundial dedicada a la agricultura está compuesta por mujeres, y en el caso de América Latina viven 58 millones de mujeres rurales y 17 millones de ellas están registradas como económicamente activas, pero sólo 4.5 millones de ellas son consideradas productoras agrícolas.
En México, hay 64.5 millones de mujeres, el 21.1% habitan en localidades rurales y de acuerdo con el Inegi. El promedio de años cursado en la escuela para mujeres que viven en una zona urbana es de 10.2, mientras que para mujeres de localidades rurales es de 7.3 años, por lo que apenas llegan al primer año de la secundaria.
También existen diferencias en el número de hijas/os, mientras que las mujeres de las localidades rurales tienen 2.7 hijos, las mujeres urbanas tienen 1.9 hijos. Asimismo, el tamaño de la localidad y su relación con la tasa de participación económica aumenta a medida que el grado de urbanización es mayor.
El 31.6% de las mujeres rurales, de 15 años y más, se insertan en alguna actividad económica, un porcentaje menor al de las mujeres ubicadas en zonas más urbanas (45.2%). El 13.6% de las mujeres rurales no recibe ningún pago por su actividad.
“Es decir, aunque existe participación de las mujeres rurales en la actividad agrícola y agropecuaria, no se les contribuye de forma igualitaria que a los hombres”, apuntó Geovanna Bañuelos.
En este sentido, dijo, la reivindicación de la equidad de derechos de las mujeres es un eje principal de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Por lo que dijo es necesario trabajar en aspectos como la educación, acceso a oportunidades, participación política, salarios equitativos, entre otros.
“Es momento que el Estado mexicano adopte una postura determinante donde los derechos de las mujeres rurales sean verdaderamente respetados, que se realicen políticas públicas encaminadas a su empoderamiento y en específico, a que puedan acceder a los servicios básicos de salud, educación, trabajo y por supuesto, al empoderamiento económico a través de la capacitación, acceso a crédito y tenencia de la tierra”, mencionó la legisladora por Zacatecas.
Finalmente aseguró que el GPPT reconoce la aportación de las mujeres rurales, ya que ellas son responsables de la mitad de la producción de los alimentos que llegan a las casas de los mexicanos, “por ello, debemos trabajar para impulsar su empoderamiento y la igualdad en sus derechos”, puntualizó Geovanna Bañuelos.
