Con el fin de proteger la economía familiar y derechos de trabajadores que se vieron beneficiados por la reforma aprobada en abril pasado, que establece varias opciones para solucionar el problema de endeudamiento de las personas trabajadoras al servicio del Estado por créditos hipotecarios, la senadora Geovanna Bañuelos llamó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a no invalidar los cambios.
La coordinadora del Grupo parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) detalló que la reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Ley del ISSSTE) contiene políticas públicas en materia de vivienda como el programa de Liquidación 60/30 que beneficia a 16 mil personas.
Y los programas de reestructuración de deudas adquiridas en Unidad de Medida y Actualización (UMA) para transferirlas a pesos, que beneficiará a cerca de 23 mil personas, y la posible liberación de créditos hipotecarios a favor de otras 5 mil beneficiarias de la reforma.
Geovanna Bañuelos recordó que en las sesiones del pasado 27 y 28 de abril, el Senado de la República aprobó estas modificaciones impulsadas por el Ejecutivo Federal, y posteriormente fueron impugnadas por senadores de oposición, mediante la presentación de acciones de inconstitucionalidad con la finalidad que la Suprema Corte de Justicia de la Nación avale la inconstitucionalidad y con ello afectar los derechos de las y los trabajadores.
“De invalidar la Corte estas reformas, más de 50 mil personas serían afectadas, ya que actualmente existen casos que son una verdadera afrenta al patrimonio de los trabajadores, donde el salario o el recurso que se obtiene por la pensión se tiene que invertir de manera íntegra para poder cumplir con la mensualidad del crédito”, señaló.
La líder parlamentaria advirtió que en algunas ocasiones y ante la posibilidad de perder su patrimonio, se han quitado la vida por la desesperación, el estrés y la presión de no tener el recurso suficiente para poder pagar sus créditos hipotecarios ante la indiferencia de las autoridades y ante la injusticia que lamentablemente está estipulado en la ley y en el contrato crediticio.
“En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo luchamos por hacer realidad la letra de nuestra Constitución Política, misma que señala que toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda adecuada, donde las personas puedan tener una vida digna y decorosa, que cubra sus necesidades básicas y sea un espacio de refugio y descanso”, apuntó Geovanna Bañuelos.
En este sentido, hace un llamado a la SCJN para que en el análisis sobre las acciones de inconstitucionalidad presentadas, se valoren los graves impactos negativos sobre los derechos a la vivienda, la seguridad jurídica, la salud física y mental de los trabajadores que han sido beneficiados.
El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Justicia para su análisis y posterior dictamen.
