Para evitar que intermediarios se aprovechen de la necesidad y vulnerabilidad de productores agrícolas, particularmente en Zacatecas, la senadora Geovanna Bañuelos propuso modificaciones al Código Penal Federal para tipificar como delito el coyotaje agrícola.
Zacatecas, líder nacional en producción de frijol, enfrenta un problema muy serio. Tan sólo la semana pasada 85 ejidatarios de la comunidad La Estrella del municipio de Pinos, denunciaron a la vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo prácticas abusivas y desleales en el acopio de frijol, por ejemplo, que “no les han comprado ni un kilo de frijol; por el contrario, lo compran a los grandes productores”.
Por su parte, la legisladora zacatecana expuso que “hay una mafia de coyotes que no trabajaron la tierra un día del año, no se asolearon, no sembraron, no recogieron la cosecha. Pero eso sí, se aprovecharon de la necesidad de nuestros campesinos a quienes les compran a 7 pesos el kilo de frijol y lo venden a 27 pesos el kilo. Así me lo han expresado productores de Miguel Auza, Juan Aldama, Río Grande, Sombrerete, Pinos entre otros municipios”.
Geovanna Bañuelos en su recorrido de este fin de semana por la colonia El Cortijo, Jerez; la colonia Plutarco Elías Calles y la comunidad de Montemariana, Fresnillo, además, la colonia La Comarca de Guadalupe en Zacatecas, mencionó que al incorporar el delito de coyotaje agrícola al Código Penal Federal responde a la necesidad de dotar al Estado de herramientas eficaces de disuasión y sanción frente a conductas que lesionan no sólo intereses individuales, sino el equilibrio económico del sector rural.
La iniciativa establece que quien comete coyotaje agrícola es aquella persona que intervenga como intermediario en la compra, acopio o comercialización de productos agrícolas para obtener un beneficio indebido mediante prácticas abusivas, además, de imponer precios injustamente bajos, engañar sobre condiciones de pago, manipular básculas o mecanismos de calidad, retener pagos de forma injustificada y utilizar.
En este sentido, Geovanna Bañuelos propone sancionar con una pena de tres a ocho años de prisión y multa de quinientos a dos mil UMAS, lo que representa 58 mil 655 pesos a 234 mil 620 pesos, a quien realice coerción junto con una o más personas mediante amenazas o cualquier forma de intimidación.
“Para Zacatecas, tierra de trabajo, resistencia y vocación agrícola, esta reforma representa también un acto de justicia regional. Significa reconocer la lucha cotidiana de nuestros campesinos y agricultores, quienes, pese a la adversidad, continúan sembrando esperanza en cada ciclo agrícola”, aseveró la legisladora.
Asimismo, la iniciativa impulsada por Geovanna Bañuelos contempla que en caso de que el delito sea cometido por una persona servidora pública, o haga uso de su cargo, funciones, información privilegiada o influencia derivada del ejercicio del servicio público para facilitar, encubrir o beneficiar la comisión del coyotaje agrícola; la pena se aumentará hasta en una mitad adicional a la que corresponda, y se destituirá de su cargo o comisión, así como la inhabilitación hasta por el doble del tiempo de la pena de prisión impuesta.
Igualmente, se incorpora en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable la creación de un Registro Nacional de Intermediarios Agrícolas, para terminar con la opacidad y asegurar que quien intermedie tenga nombre, reglas claras y responsabilidad. Geovanna Bañuelos señaló que el coyotaje agrícola constituye una distorsión del funcionamiento competitivo del mercado agroalimentario, ya que impide la formación transparente de precios y concentra las ganancias en eslabones intermedios no regulados de la cadena productiva.
Por lo anterior, la legisladora por Zacatecas sostuvo que se rompe el equilibrio entre riesgo productivo y beneficio económico, trasladando al productor la mayor carga de inversión, trabajo y riesgo climático, mientras reduce significativamente su participación en el valor final del producto.
Afirmó que como legisladora del Partido del Trabajo y como zacatecana, no puede permanecer indiferente ante el llamado de las comunidades rurales para defender el campo. “El trabajo del pueblo debe valer lo que realmente vale: respeto, justicia y dignidad”, finalizó Geovanna Bañuelos.
