El diputado federal José Narro Céspedes denunció que en el estado se están utilizando encuestas pagadas y recursos públicos con fines políticos, mientras se mantiene el abandono hacia el campo zacatecano, particularmente hacia los productores de frijol que enfrentan una grave crisis por los bajos precios y la falta de apoyo institucional.
En conferencia de prensa, Narro Céspedes se deslindó totalmente de otros movimientos que han anunciado movilizarse a partir de este lunes en el bulevar que cruza la ciudad; “nosotros sí nos vamos a movilizar, pero sin afectar a terceros”, clarificó.
El legislador señaló que diversos actores están invirtiendo grandes cantidades de dinero en encuestas que se publican constantemente, con costos que pueden superar los 200 mil o hasta 500 mil pesos por estudio, con el objetivo de generar una percepción favorable rumbo a futuros procesos electorales.
Afirmó que este tipo de prácticas evidencian un dispendio de recursos y el intento de sustituir el trabajo en territorio por campañas mediáticas, sin presencia real en las comunidades ni contacto con la gente.
Asimismo, denunció que también se está utilizando la estructura gubernamental para favorecer a determinadas candidaturas, al mismo tiempo que se impulsan campañas de descalificación contra quienes defienden a los productores del campo, particularmente en la lucha por lograr un precio justo para el frijol.
En ese sentido, Felipe Pinedo, dirigente del Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ), dijo que no es sorpresa que el gobierno invierta en descalificar las trayectorias de lucha y resultados, y de criminalizar los movimientos sociales, que sólo representan “actitudes porriles”, en lugar de hacer el papel que le corresponde de atender y gestionar las demandas del sector frijolero.
Narro Céspedes advirtió que mantener precios por debajo de los costos de producción está provocando graves consecuencias sociales.
Explicó que el primer efecto es la migración de los campesinos, quienes abandonan sus comunidades porque el trabajo en el campo ya no es rentable; el segundo es el incremento de la pobreza y la precarización en las zonas rurales; y el tercero, el riesgo de conflictos sociales derivados de la falta de ingresos dignos para las familias campesinas.
Subrayó que los productores no piden grandes ganancias, sino un precio que permita recuperar los costos de producción y vivir con dignidad, sin caer en la descapitalización permanente.
En relación con el programa de acopio, el diputado refirió que el anuncio de las ocho mil quinientas toneladas no resolvió el problema, y generó confusión, ya que actualmente no hay costales disponibles ni claridad sobre el destino de ese volumen. Señaló que lo que se presentó como una solución resultó ser únicamente un anuncio mediático, lo que ha provocado molestia entre los productores, quienes siguen sin respuesta efectiva.
Informó que en los próximos días se sostendrán reuniones con autoridades federales, incluyendo funcionarios de Gobernación, Alimentación para el Bienestar, Conagua y Comisión Federal de Electricidad, con el objetivo de instalar una mesa de trabajo que atienda de fondo los problemas del campo, entre ellos el precio del frijol, las concesiones de agua y los costos de energía para los pozos agrícolas.
El legislador también llamó al Gobierno del Estado a asumir su responsabilidad y apoyar a los frijoleros, al señalar que, aunque el problema es de carácter federal, la administración estatal puede contribuir con acciones como campañas de consumo de frijol, compras institucionales por parte de municipios y programas de apoyo directo, como se hizo en administraciones anteriores.
Indicó que se solicitará la intervención de la Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Gobernación, así como reuniones con representantes de la industria alimentaria, para establecer acuerdos que garanticen precios justos.
Advirtió que el problema del frijol no es exclusivo de Zacatecas, sino que afecta también a estados como Durango, Chihuahua, Nayarit, Guanajuato, San Luis Potosí y Chiapas, por lo que se requiere una estrategia nacional que incluya el control de importaciones mientras se comercializa la producción nacional.
El diputado federal informó que impulsará reformas legislativas para proteger a los productores, entre ellas elevar a rango constitucional el derecho a precios de garantía, para que ningún campesino reciba pagos por debajo de sus costos de producción, así como modificaciones legales similares a las que existen en la ley de la caña de azúcar, con el fin de asegurar que los productores reciban una parte justa del valor final del producto.
Finalmente, José Narro Céspedes reiteró que continuará acompañando a los productores en sus movilizaciones pacíficas y gestiones institucionales, y aseguró que la lucha seguirá hasta lograr soluciones reales para el campo.
